¿Puede la constitución anular derechos humanos?

En México, el delicado equilibrio entre nuestra Constitución y los tratados internacionales a menudo da lugar a debates apasionados. Desde septiembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que, aunque los derechos humanos en la Constitución y los tratados internacionales forman una unidad sin jerarquía, en caso de una restricción expresa en la Constitución, prevalecerá la norma constitucional, que es la ley fundamental de nuestro sistema legal.

Sin embargo, este equilibrio se ve cuestionado por el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien argumenta que las disposiciones de prisión preventiva oficiosa y automática para ciertos delitos son incompatibles con tratados internacionales y deben interpretarse de manera que maximicen los derechos humanos, no restringiéndolos.

Este debate no es un mero ejercicio académico. Próximamente, la Corte resolverá un caso que se centra en si la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y si se deben priorizar los tratados internacionales sobre la Constitución.

Este contexto ofrece una oportunidad histórica para que nuestra Corte establezca un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos. La comunidad jurídica critica fuertemente las reformas frecuentes y a menudo irresponsables a nuestra Constitución. La prisión preventiva automática no garantiza los fines del proceso penal ni la seguridad de los involucrados; a menudo se utiliza para la persecución selectiva y socava los derechos fundamentales de presunción de inocencia y libertad personal.

Una decisión que declare inconvencional la prisión preventiva oficiosa elevaría a nuestra Corte a un defensor genuino de los derechos humanos. Esperamos que así sea, en beneficio de todos nosotros.